Este Tribunal DECLARA:
El reconocimiento del derecho al territorio y a la libre determinación como derecho fundamental de los Pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y ésta es la base de nuestra existencia y del derecho a la Vida.
La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia del actual modelo de maldesarrollo.
La necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.
La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación.
La falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las necesidades alimentarias de los pueblos.
El rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA, como componentes inherentes a este modelo.
La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.
La falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en el modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. El rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida.
El derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir. Como pueblos tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para decidir con autonomía sobre nuestras formas de vida y de organización, cuidado y utilización de los bienes comunes de nuestros territorios.
El cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios.
El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes cometidos aún impunes.
Este Tribunal Ético Popular condena la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas y los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso.
4. Recomendaciones y propuestas
Las corporaciones transnacionales actúan a nivel global y, por lo tanto, requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de cada Estado es indispensable, pero no suficiente. Es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pueblos, impidiendo la privatización de los bienes fundamentales para la vida como el agua, el aire, las semillas, el patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos.
Por estas razones, este Tribunal Ético Popular recomienda y propone:
-Trabajar en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.
-Demandar a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos, antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.
-Exigir la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
-Exigir la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respetan las normas internacionales que defienden sus derechos, y que fueron ratificadas en nuestro país.
- Exigir a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.
- Prohibir la explotación en los territorios indígenas, en las zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas.
-Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales violaciones de derechos causados por las corporaciones transnacionales.
-Este Tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a las prácticas de las corporaciones transnacionales, opte por una posición ética y de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad.
http://forajidosdelanetwar.blogspot.com/2011/11/sentencia-final-del-tribunal-del-juicio.html
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